Desde el 2 de agosto comenzaron a aplicarse en la Unión Europea las obligaciones de transparencia previstas por la Ley de IA para determinadas interacciones y contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial. La medida exige que las personas sean informadas cuando estén interactuando con un sistema de IA o cuando se expongan a ciertos materiales creados o alterados con esta tecnología.
La Comisión Europea había abierto en mayo una consulta sobre las directrices que explican el alcance de estas reglas. De acuerdo con el comunicado, los proveedores de sistemas de IA deberán advertir cuándo una persona está tratando con una IA y añadir marcas legibles por máquina para facilitar la detección de contenido generado o manipulado.
Las obligaciones también alcanzan a quienes implementan estos sistemas en contextos profesionales. Deberán informar, entre otros casos, sobre la exposición a contenidos sintéticos que imiten a personas, publicaciones generadas por IA sobre asuntos de interés público y el uso de sistemas de reconocimiento de emociones o de categorización biométrica.
La Comisión indicó que un código de prácticas preparado por expertos independientes complementaría las directrices como una herramienta voluntaria para demostrar cumplimiento. La aplicación de la norma no convierte todas las imágenes, textos o asistentes de IA en contenido prohibido; establece deberes de información y etiquetado en los supuestos definidos por la regulación.
Estas obligaciones se aplican dentro del marco jurídico de la Unión Europea. Las empresas mexicanas pueden verse afectadas si ofrecen servicios sujetos a la Ley de IA en ese territorio, pero la norma no constituye una regulación mexicana ni modifica por sí misma las leyes locales.
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